Diego Rao, subsecretario de Inclusión Penitencia bonaerense, pidió profundizar los programas educativos en contextos de encierro y la articulación con el mercado laboral pensando en la reinserción. La matrícula aumentó 142 por ciento bajo el gobierno de Kicillof.
El 26,2 por ciento de las casi 50 mil personas privadas de la libertad en cárceles bonaerenses es reincidente, una estadística que viene en franco descenso en los últimos años. En el gobierno provincial creen contar con una herramienta para profundizar su caída: la educación. “La inclusión social a través de la educación es la estrategia más efectiva en prevención delictiva, no más armas, ni patrulleros, ni cámaras o la baja de la edad de imputabilidad. Esto nos permite contribuir a la seguridad de todos los bonaerenses”, arengó Diego Rao, subsecretario de Inclusión Penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del encuentro Puentes de Mar del Plata, donde funcionarios y la comunidad académica trazaron perspectivas para el fortalecimiento de la educación universitaria.
El funcionario del Ministerio de Justicia desplegó las estrategias que se vienen desarrollando desde la cartera y distinguió las dificultades a las que se enfrentan en el proyecto de potenciar a la educación como herramienta integradora. “Tenemos el sistema penitenciario más importante del país y el tercero de Latinoamérica, y donde previo a que asumiéramos la gestión, la Cámara de Casación Penal señaló que el sistema atravesaba una crisis humanitaria, con falta de alimentación y medicación. Esto afecta todas las políticas inclusivas en contexto de encierro”, marcó como punto de partida.
El acercar a las personas privadas de la libertad a su lugar de pertenencia es una de las tareas más perentorias. De la mano del Plan de Infraestructura Penitenciaria con el cual este año se buscan completar 12 mil nuevas plazas en cárceles y alcaidías, la intención es acercar a los internos a su entorno social. “La perspectiva no es solamente ensanchar el sistema, sino pensarlo con una suerte de racionalización de jurisdicciones, ubicando las cárceles en función de los domicilios de los privados y privadas de la libertad. Siempre se supo de qué departamento judicial era el privado de la libertad y dónde estaba alojado, pero no dónde vivía”, contó ante el auditorio que se hizo presente en el Hotel Provincial de Mar del Plata. “Con desarraigo, sin la visita familiar, es muy difícil que el privado quiera estudiar, capacitarse y trabajar”, agregó.
El desarrollo de programas de inclusión se planteó como el segundo desafío, donde Rao exhibió el potencial de iniciativas como “Más Trabajo, Menos Reincidencia”, estrenado en 2020 con el objetivo de integrar los recursos y herramientas para que los internos tengan acceso a formación técnica y de oficios para mejorar su inclusión laboral y disminuir la tasa de reincidencia. “En definitiva, el horizonte constitucional nos indica que las cárceles deben ser enclaves de reinserción social. Había que realizar políticas públicas y esas políticas debían cubrir déficits en la socialización del privado de la libertad”, donde ejemplificó el avance de la regularización documental de 28 mil reclusos.
La articulación con las realidades productivas
Un total de 16 mil personas privadas de la libertad cursan actualmente en alguno de los niveles educativos que se ofrecen, ya sea primaria, secundaria, terciario, universitario e incluso inicial, dado que existen infantes que permanecen al cuidado de sus madres. De ese universo, 1.700 están matriculados en carreras del nivel superior: la cifra representa un 142 por ciento más de la cantidad de estudiantes con los que se contaba en diciembre de 2019, tras la salida de Cambiemos.
A su vez, distinguió el subsecretario, se avanzó con la descentralización, dado que más del 50 por ciento de la matricula se concentraba en las unidades penitenciarias de La Plata, con una preponderancia de la UNLP. Actualmente, el Ministerio de Justicia tiene convenios con 12 universidades que trabajan en contexto de encierro. “Cuando empezamos había 700 estudiantes universitarios concentrados en La Plata, el 80 por ciento los tenía la UNLP y había un puñado de Universidades trabajando en contexto de encierro, con un crecimiento en algunas zonas como Quilmes, donde 219 internos cursan diplomaturas y tecnicaturas dictadas por la Unqui”, celebró el funcionario del ministro Julio Alak.
Las dificultades igualmente siguen floreciendo allí donde la perspectiva de reinserción parece consolidarse. “La condena promedio en Provincia es de 5 años y el egreso universitario promedio es de 12 años, por lo que son carreras que probablemente no terminen. Lo que suele ocurrir es al salir dejan de estudiar, la retoman si reinciden y vuelven a estar privados de la libertad”, relata Rao.
Ante las dificultades que le presenta el mundo para insertarse laboralmente, la continuidad educativa queda relegada, por lo que es necesario diseñar nuevas estrategias. “Por eso pensamos en una nueva oferta de carreras cortas, como diplomaturas y tecnicaturas”, donde a la persona liberada con el título en abrazo se le pueda “facilitar y favorecer la trayectoria inclusiva y brindar una nueva oportunidad”.
Complementariamente, se debe resolver otro inconveniente: que esa capacitación luego pueda ser absorbida por el mercado laboral. “Aquí juegan un rol fuerte los municipios, trabajamos con ellos para pensar la oferta educativa en función de la demanda del lugar al que van a regresar las personas cuando sean liberadas”, consignó. En esa lógica también se inscribe Puentes, con el cual ya se abrieron seis carreras con 171 estudiantes inscriptos: “pensamos un modelo para que las carreas que se ofrezcan tengan correlatos con los perfiles productivos y las demandas en las ciudades. Ese modelo ya comenzó a dar resultados”, concluyó.