Aprehendieron a 20 personas y 9 de ellas quedaron detenidas, tras 38 allanamientos en el conurbano bonaerense y la Ciudad. La organización habría utilizado matrículas ajenas para atender pacientes y facturar prestaciones a obras sociales.

La investigación detectó más de 30.000 horas de escuchas telefónicas y presuntas maniobras para facturar prestaciones médicas irregulares. Aprehendieron a 20 personas y 9 de ellas quedaron detenidas, tras 38 allanamientos en el conurbano bonaerense y la Ciudad. La organización habría utilizado matrículas ajenas para atender pacientes y facturar prestaciones a obras sociales.

Una organización acusada de brindar atención médica con personal sin título ni habilitación fue desarticulada tras una investigación de más de cinco años en la provincia de Buenos Aires. La banda operaba desde Florencio Varela, utilizaba ambulancias truchas y habría montado un esquema de fraude mediante la facturación de prestaciones médicas irregulares a obras sociales.

El operativo se realizó el miércoles 14 de octubre e incluyó 38 allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, nueve personas fueron detenidas y otras 20 quedaron aprehendidas, según fuentes del caso.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1, dirigida por el fiscal Darío Provisionato, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 8 de Florencio Varela. De acuerdo con la investigación, la estructura estaba liderada por una pareja de nacionalidades peruana y argentina que habría montado una empresa de asistencia médica y ambulancias privadas.

A través de esa firma, consiguió contratos para brindar servicios de traslados y emergencias a obras sociales y mutuales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA. Sin embargo, los investigadores sospechan que parte de las prestaciones se facturaban con sobreprecios, nunca se realizaban o quedaban en manos de personas sin formación médica.

Choferes y acompañantes habrían cumplido funciones de médicos y enfermeros, incluso durante turnos de 12 y 24 horas. Para aparentar una actividad legal, profesionales matriculados presuntamente facilitaban sus nombres, números de matrícula y sellos a cambio de pagos periódicos. Con esos datos se habrían confeccionado historias clínicas, validado diagnósticos y firmado recetas de medicamentos.